La Comisión Europea pretende obligar a las empresas a que actúen para evitar y prevenir que se vulneren los Derechos Humanos en sus procesos de producción y que cumplan con los compromisos medioambientales para luchar contra el cambio climático. Por eso ha puesto sobre la mesa una directiva que exige a las compañías, sus filiales y sus proveedores en las cadenas de valor que actúen en ambos campos o, al menos, que mitiguen los efectos secundarios que pueden producir, según el texto aprobado este miércoles por la Comisión.
La directiva, que ahora debe pasar por el filtro de los legisladores (Parlamento y Consejo de la UE), en el que es muy probable que sufra cambios, obligará a las empresas a cumplir con las exigencias de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de la ONU, las directrices de la OCDE y las recomendaciones de la Organización Mundial del Trabajo. Los planes de la Comisión son que nada más entre en vigor afecte a las compañías de más de 500 trabajadores y una facturación neta en todo el mundo de 150 millones de euros. A partir del tercer año, también afectaría a las compañías con más de 250 empleados y 40 millones de ingresos. En principio, las pymes no se verían obligadas directamente por las disposiciones de la directiva. Sin embargo, la norma sí que les llegaría por una vía indirecta a través de las obligaciones impuestas a los proveedores en las cadenas de valor.
Según los cálculos de la Comisión, sus exigencias afectarán en un primer momento a unas 9.400 empresas de la Unión Europea y a otras 2.600 con actividades en el mercado único aunque no sean de uno de los Estados miembros. En el siguiente escalón la cifra crecería en otras 3.400 y 1.400, respectivamente.
