Yolanda Díaz está estudiando la posibilidad de prohibir las bajadas de sueldos para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo mientras dure la crisis energética. La vicepresidenta está diseñando un paquete de medidas de ámbito laboral y tiene sobre la mesa varias opciones, además de limitar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por parte de las empresas, tiene a su disposición un abanico de posibilidades que está valorando: desde aprobar ayudas directas para parados, pensionistas y trabajadores con sueldos bajos hasta imponer la prioridad de los mecanismos de flexibilidad interna frente a los despidos.
Todas son propuestas del sanedrín económico que reunió la vicepresidenta motu proprio el pasado miércoles en la Biblioteca Nacional. Medio centenar de economistas convocados por Díaz. La vicepresidenta acudió al encuentro con papel y boli y tomó notas de las recetas que allí se plantearon para mitigar los efectos socioeconómicos de la crisis energética agravada por el conflicto bélico desatado en suelo europeo por la invasión rusa de Ucrania.
Díaz, rodeada de su plana mayor. A su izquierda, su asesor de cabecera, Manuel Lago, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. A su diestra, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el secretario de Estado de Empleo y mano derecha de la vicepresidenta, Joaquín Pérez Rey. En frente, un ‘consejo de sabios’ designado ad hoc para compartir recetas anticrisis.
Una de las soluciones que aglutinó más respaldo en la mesa redonda y suscitó el interés de la vicepresidenta por considerarla muy acertada para dar respuesta a la situación actual fue la posibilidad de aprobar ayudas directas para los más vulnerables. ¿Cómo? Frente a soluciones como los bonos sociales o los cheques, que colocan todo el peso de la carga burocrática sobre los hombros de los ciudadanos y pueden llevar a la administración al colapso (como sucedió, de hecho, con el Ingreso Mínimo Vital en los primeros compases de su vigencia), los expertos propusieron una rebaja directa en las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, de manera que ese 6,35% que la empresa aporta a la Seguridad Social en concepto de cotización pase directamente al bolsillo del trabajador como parte de su nómina mensual.
No sería, en cualquier caso, una rebaja generalizada de cotizaciones sociales, sino aplicada de manera quirúrgica a partir de un umbral para los sueldos más bajos. Sería financiado con los Presupuestos Generales del Estado vía préstamos a la Seguridad Social e implicaría, según algunos cálculos, un bono de unos 300 euros anuales, modulable en función del sueldo. También podría aplicarse a las nóminas de los parados y a los perceptores de pensiones mínimas no contributivas, ya que todos estos beneficiarios están perfectamente localizados por el Estado y sería la manera más directa y efectiva de acceder a ellos y proporcionarles una ayuda de emergencia. Sin embargo, aquí no figuran otros colectivos vulnerables como los parados de larga duración que ya han agotado la prestación, por lo que también se valoró la opción de actuar de manera quirúrgica mediante el sistema impositivo, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
No fueron las únicas recetas que se plantearon en materia laboral. El comité de sabios coincidió en que el bautizado por el Gobierno como «pacto de rentas» no puede limitarse a los salarios y es necesario profundizar en aspectos de la reforma laboral recién aprobada. Además del veto temporal a las bajadas de sueldos, hubo otra medida que suscitó incluso más consenso entre los presentes. En concreto, los expertos y expertas plantearon a Yolanda Díaz la posibilidad de incorporar a la regulación, también de manera definida mientras dure la crisis, la prioridad de los mecanismos de flexibilidad interna frente a los despidos, de manera que las empresas estén de algún modo obligadas a pasar primero por un ERTE o un RED antes de recurrir al despido de plantilla. Aquí coincidieron en destacar la eficacia de estas herramientas durante la pandemia y su capacidad para evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo en tiempos de crisis.
(Fuente: La información)
