La nueva ley para impulsar los planes de pensiones de empleo ha conseguido el apoyo suficiente del Congreso para salir adelante y pasar a la votación en el Senado. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá cuenta con el apoyo al vehículo de ahorro de 172 votos a favor, 6 abstenciones y 164 en contra.
PSOE, Unidas Podemos, Cs, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias votaron a favor de la ley. Un bloque de derechas e izquierdas se ha posicionado en contra de la ley (PP, Vox, ERC, Más País, Junts, CUP, Compromís y BNG) y finalmente se han abstenido EH Bildu (a cambio de la subida del 15% en pensiones no contributivas) además de Coalición Canaria.
Al término de la votación, el ministro Escrivá mostró su satisfacción tras conseguir sacar adelante una ley clave para recibir la financiación de los fondos europeos en el primer semestre. En esta ley, según confirmó Escrivá, se mantienen las deducciones en cotizaciones y en el impuesto de Sociedades. Adelantó que el siguiente paso será culminar la reforma del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.
P, PdeCat, PNV y Cs han conseguido incluir uno de los principales elementos de llamada para las empresas: los incentivos fiscales. Las empresas contarán con desgravaciones fiscales del 10% en el impuesto de Sociedades por las aportaciones realizadas a rentas de hasta 27.000 euros (y de forma proporcional a partir de ese tope). En todo caso, las deducciones en cotizaciones quedan ‘limitadas’ (es decir, serán rentables) a partir de 435,9 euros con una aportación empresarial de 1.381 euros en las rentas de hasta 27.000 euros anuales
Asimismo, el Congreso ha modificado el esquema de exenciones previsto en el proyecto que llegó a las Cortes Generales para escrutar todas las aportaciones a los planes de pensiones, y convertir los descuentos en reducciones con el fin de que formen parte de la transferencia a la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, el proyecto incluirá una disposición para eximir del impuesto sobre transacciones financieras, la conocida como ‘Tasa Tobin’, las compras de acciones por parte de planes de pensiones de empleo y mutualidades de previsión social o entidades de previsión social voluntaria (EPSV) sin ánimo de lucro.
Con esta ley, la cartera dirigida por José Luis Escrivá prevé llenar un optimista colchón de ahorro en el segundo pilar sumen un 25% del PIB español en la próxima década, desde el 2% actual. El objetivo marcado por el Gobierno pasa por sumar 13 millones de adscritos a estos planes de pensiones en el medio plazo, y el Pacto de Toledo aspira a que al menos el 80% de la población esté cubierta por vehículos de ahorro complementario a la pensión pública en el largo plazo.
El ahorro en pensiones en España es bajo en comparación con el resto de países europeos. De hecho, apenas supone el 7,3% del PIB si se tiene en cuenta solo a los planes de pensiones individuales y se eleva al 10% sobre el PIB si se incluyen también los planes de empleo. Cifras muy lejanas al muy inferior al 63,5% que representaban en media simple para el conjunto de los países de la OCDE, según el informe Pensions Funds in Figures 2021. De hecho, estos planes únicamente atraen al 16% de los españoles.
Uno de los deberes de estos planes, debido a la pensión media que reciben en la jubilación, son los incentivos para el ahorro en los autónomos. Únicamente el 27% conoce de estos planes como complemento de la pensión pública y no es un atractivo para tres cuartos de los trabajadores por cuenta propia, según un dato reciente de Caser. En este sentido, PdeCat consiguió elevar a 4.250 las deducciones fiscales anuales de los autónomos.
(Fuente: El Economista)
