El Gobierno negocia con Bruselas una prórroga de cuatro meses para los rescates a empresas

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Los dos mecanismos más potentes habilitados por el Gobierno para rescatar a empresas dañadas por la crisis del coronavirus corren serio riesgo de quedarse sin utilizar en una gran parte. El 30 de junio acaba el plazo para el reparto de ayudas con cargo al Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y al Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la Covid-19, dotado con 1.000 millones y gestionado por Cofides.

De esos dos fondos se han repartido hasta hoy 2.191 millones, procedentes de la SEPI, y 328 millones de Cofides, lo que suma un total de 2.519 millones, apenas un 23% del total. Con apenas dos meses, ambos organismos ya han trasladado al Gobierno su inquietud ante la posibilidad de que se queden muchos expedientes sin resolver y este ya ha iniciado las conversaciones con la Comisión Europea para que el mecanismo de ayudas de estado creado a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus se amplíe. Fuentes cercanas a la negociación precisan que el Ejecutivo ha solicitado a la Comisión Europea un período transitorio de cuatro meses (hasta el 31 de octubre de 2022) para poder atender las solicitudes. “Las operaciones de recapitalización son muy complejas de analizar y si encima se encuentran deficiencias, el plazo se prorroga aún más”.

Rodrigo Madrazo, director general de Cofides, remarca que el plazo para aprobar la concesión de una ayuda (hasta ahora han cerrado 33 ayudas) lleva un período mínimo de dos meses o dos meses y medio. “Ya les hemos advertido a las empresas que no hay garantías de atender aquellas solicitudes que entraron desde el 19 de abril si no hay prórroga y el plazo acaba el 30 de junio”, recalca. Madrazo calcula que en los dos meses que restan se podrán aprobar en torno a 40 solicitudes adicionales. “La decisión de Bruselas tiene que llegar en breve, ya que en la anterior prórroga se aprobó casi mes y medio antes de que finalizara el primer plazo para las ayudas de Estado, fijado para el 31 de diciembre de 2021”, señala apuntando a mediados de mayo como posible fecha límite para la concesión de ese período transitorio de cuatro meses.

La situación en la SEPI es muy similar. Los cálculos que han hecho en la sociedad pública es llegar al 30 de junio con 69 expedientes analizados, que incluyen los 21 aprobados hasta ahora (los dos últimos, Juliá y Mediterránea, recibieron el visto bueno el pasado martes) los 15 rechazados y los 33 en estudio. De esta manera, la SEPI cree que podría sacar adelante 35 expedientes en dos meses, lo que supondría una exigente media de un expediente cada dos días. En el más que improbable caso que se sacaran adelante los 35 expedientes en ese tiempo récord se habrían ejecutado 5.310 millones de los 10.000 millones disponibles y quedarían 4.690 millones sin gastar.

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