El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, aboga por dar un tratamiento fiscal favorable y diferenciado a Extremadura a fin de facilitar la instalación de pymes en el mundo rural y hacer de éste un medio más atractivo y sostenible.
Así lo ha señalado en su intervención telemática de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Población de la Asamblea de Extremadura celebrada este lunes, en la que se ha debatido la propuesta de Ley de Medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura.
Álvarez Arroyo ha valorado positivamente la propuesta de ley, si bien la considera que puede ser insuficiente, ya que no se hace en él especial hincapié en dotar a Extremadura de más infraestructuras para hacerla más atractiva con el fin de facilitar la instalación de empresas e inversores de fuera.
De igual manera ha precisado que la fiscalidad es una de las asignaturas pendientes de la región extremeña y ha solicitado a esta comisión un tratamiento fiscal diferenciado “lo suficientemente bueno para atraer inversiones de dentro, pero sobre todo de empresas de fuera de la comunidad y ensanchar así nuestro tejido productivo, haciéndolo más numeroso del que tenemos actualmente, más industrializado y con una base de mayor tamaño”.
“La despoblación se afronta con una de las herramientas más importantes para ello: la creación de empresas y la instalación de negocios para potenciar nuestra provincia”, ha señalado.
Por todo ello, durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres ha puesto especial énfasis en la importancia de aportar más beneficios fiscales tanto para la gente que se ha mantenido en el medio rural, como para aquellos que desean volver a la tierra y a los nuevos pobladores que quieren instalar su proyecto de vida y/o negocio en la provincia cacereña.
Finalmente, Gabriel Álvarez Arroyo ha remarcado la importancia de la conectividad de las zonas rurales a través de una mayor apuesta por la digitalización, al igual que dar una “perspectiva demográfica en todas las decisiones de la Administración Pública” para garantizar el futuro de Extremadura.
