Las directivas europeas destinadas a combatir la morosidad comercial han sido foco de debate durante estos últimos años. La incertidumbre que enfrentan a diario las empresas, especialmente las pymes, para hacer frente a la demora y la falta de pago por parte de sus proveedores constituye en ocasiones uno de los principales motivos del cese de actividad de muchos negocios.
A modo de ilustración, más del 60% de las empresas residentes en la Unión Europea no son capaces de recibir sus pagos a tiempo. Cifras aún más representativas entre las pequeñas y medianas, las más vulnerables cuando se producen situaciones de morosidad en operaciones comerciales. Y es aquí donde entra en juego la factura electrónica.
A partir de 2025, la factura electrónica será obligatoria para todo tipo de empresas y para los autónomos en sus relaciones comerciales. Y lo va a ser gracias a la aprobación el pasado otoño de la popularmente conocida como Ley Crea y Crece, que supone un antes y un después en la implantación de este formato contable.
El ministerio de economía ha incluido esta medida de implantación de factura electrónica dentro los 3.000 millones de euros de ayudas para digitalización que tienen contemplados. Se espera que sean dotaciones económicas ágiles para que se conviertan en una ayuda real durante el proceso y que no lleguen demasiado tarde.
Pero la factura electrónica no trae consigo únicamente una adaptación tecnológica. Hay que dotar de aprendizaje y conocimientos a los empleados encargados de tratar con ellas. Y aquí hay muchos implicados, no solo facturación.
La factura electrónica será, en definitiva, un verdadero instrumento de avance tecnológico y control de la morosidad si hacemos a todos los miembros del entorno empresarial participes de la medida y no dejamos que nadie se quede por el camino.
(Fuente: Channel Partner/Expansión)
