Las empresas que incumplan la ley de morosidad no accederán a fondos europeos

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Una de cada tres empresas que murió, durante la crisis de la Covid en España, fue por impagos. En Europa, una de cada cuatro quiebras de empresas se debe a facturas impagadas.

Con esta cruda realidad para las pymes, se ha aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados una nueva ley denominada Crea y Crece que supone un giro de 180 grados para el pago de las grandes empresas a sus proveedores. Aquellas compañías que incumplan los plazos de pago a pymes y autónomos no podrán recibir subvenciones públicas. Es decir, que para acceder a los fondos europeos, además de estar al corriente de sus pagos a la Seguridad Social y con Hacienda deberán presentar un documento en el que se demuestre que pagan a 60 días.

La Ley 15/2010 que versa sobre la morosidad recoge que las empresas privadas están obligadas a pagar antes de 60 días a sus subcontratas y las empresas públicas tienen obligación de pagar por ley en 30 días. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Según el informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), el año pasado, el plazo medio de pago del sector privado fue de 72 días, una cifra inferior en 5 días a la estimación efectuada para el 2020. Las empresas que más tardan en pagar son las grandes, un 61%. Léase concesionarias como Ferrovial, Dragados o OHL, que se adjudican la construción de obras públicas, pero que finalmente acaban subcontrando a otras compañías para la ejecución de la obra.

Este cambio en la normativa española se adelanta en cierta medida a la legislación europea, que esta misma semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen anunció ayer miércoles que se va a revisar “la directiva sobre la morosidad”. En su opinión, “ esta revisión será un balón de oxígeno en tiempos turbulentos”.

Según Antoni Cañete, presidente de PMcM, “hemos conseguido que el dinero público no llegue a las empresas”. En su opinión, “los contratistas deberán acreditar en sus certificaciones de obra que los pagos realizados hasta la fecha a sus subcontratistas se ajustan a los plazos legales”.

No obstante, Europa aún quiere dar un paso más allá y pretende sancionar a las grandes empresas que no paguen sus facturas a sus proveedores. En España, la pyme puede solicitar los intereses de demora y las costas del juicio, pero no suele entrar a esa guerra judicial porque al fin y al cabo la empresa grande le da trabajo. Con la nueva ley, se persigue que la pyme cobre tras realizar su trabajo y no sufra problemas y tensiones de liquidez, que es lo que les ahoga. 

La nueva ley que recibió ayer luz verde del Congreso ( se lleva trabajando desde noviembre del año pasado, cuando se presentó en el Consejo de Ministros) recoge otras novedades, como la creación de una sociedad de responsabilidad limitada con 1 euro de capital, frente a los 3.000 euros que se requerían hasta ahora; o en elámbito del crowdfunding se adapta la normativa de España a la de Europa.

(Fuente: MSN)

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