Por primera vez en tres años, los grandes bancos españoles dejan de cobrar a las empresas por sus depósitos. Sin duda, se trata de un cambio lógico dictado por el giro radical que se ha producido en las condiciones financieras de la eurozona. Ese tipo de comisiones tuvieron sentido cuando la prioridad del BCE era reanimar el crédito y la actividad y, para ello, Fráncfort recurrió a todo el arsenal a su disposición.
Entre sus herramientas principales se encontraba la penalización, mediante un gravamen negativo, dirigido a los bancos que acumulaban depósitos en lugar de poner en circulación esos recursos concediendo préstamos. En otras palabras, para las entidades la custodia de los excedentes de tesorería de las empresas tenía un coste y era razonable que lo trasladaran a sus clientes de mayor tamaño.
En 2022, la situación es por completo diferente. La prioridad del BCE es contener un IPC en tasas históricas y, por ello, emprendió el mes pasado su primera alza de tipos de interés en once años, lo que implica dejar a un lado todo castigo a los bancos cuyos clientes acumulasen efectivo. Debe valorarse que las entidades españolas se hayan adaptado a la nueva situación dominante en la Unión Monetaria con notable rapidez, ya que se preveía que eximieran a las empresas del cobro por sus depósitos en septiembre; sin embargo, han dado el paso, con la mayor celeridad posible, actuando ya en julio.
Pero, sobre todo, es necesario considerar la gran ventaja que supone para las empresas la desaparición de estos cobros, ya que la operativa de muchas de ellas les exige tener disponibles sus picos de tesorería y su circulante en depósitos bancarios a los que no pueden renunciar.
(Fuente: El Economista)
