Empresas y autónomos piden los 3.000 millones de euros del Plan anticovid

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Recuperar los 3.000 millones de euros que las comunidades autónomas han tenido que devolver tras el patinazo de las ayudas del plan anticovid y activar de inmediato un prórroga del vencimiento de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al que deben hacer frente cientos de miles de pymes y autónomos durante los dos próximos meses, son dos de las principales propuestas que ha lanzado al Ejecutivo la asociación de autónomos ATA, junto a un «plan de ayudas directas de verdad» para hacer frente a la subida de costes, que esperan que se haga efectivo el próximo día 29, cuando el presidente Pedro Sánchez lo haga público. Si no se toman medidas en este sentido, «miles de pymes y autónomos irán directamente a la quiebra», manifestó el presidente de ATA, Lorento Amor.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, informó en el Congreso de los Diputados de que el plan de choque incluirá una nueva línea de avales ICO y permitirá aplazar el vencimiento de los préstamos actualmente suscritos a empresas y autónomos más afectados por la crisis. Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, Calviño también abrió la puerta a ampliar los plazos de carencia de los préstamos con aval público, asegurando que en el Gobierno está «trabajando con el Banco de España» en esta medida.

Respecto al dinero que quedó suspendido del plan de ayudas directas a pymes y autónomos para paliar los efectos de la pandemia porque las comunidades autónomas no consiguieron entregar la totalidad del dinero –entre 2.500 y 3.000 millones, según las fuentes consultadas–, pymes y autónomos reclaman que estos recursos se reutilicen ahora a través del plan de choque para apoyar a los «sectores más afectados» como el transporte, el campo, la industria, la ganadería y la pesca, pero con ayudas directas, «no como en el anterior, que en ningún momento fueron ayudas directas ni tampoco se facilitó su acceso a autónomos y pequeños empresarios por culpa de la burocracia y el exceso de requisitos», recalcó Amor.

Según estimaciones de la patronal Cepyme y de ATA, al menos una de cada tres empresas no tuvo opción de presentar una solicitud por no cumplir con las condiciones. Por esta razón, reclaman al Gobierno que tras los problemas que arrastró el anterior plan –que no cumplió los objetivos para los que fue diseñado– «se simplifiquen todos los trámites, ya que la complejidad del sistema puede volver a desalentar a las empresas de menor tamaño, lo que les abocaría a la quiebra y al cierre».

Esta misma semana el «think tank» Instituto de Estudios Económicos abogó porque esos 3.000 millones se adjudicaran directamente a los negocios de sectores especialmente afectados por la inflación y el alza en los precios. ATA también reclama que se postergue a 2025 el alza del 0,6% en las cotizaciones sociales previsto para 2023 en el marco del mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones.

(Fuente: La Razón)

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