El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo un decreto por el que transfería a las autonomías 7.000 millones de euros destinados ayudas directas a empresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis económica provocada por el covid. Un año después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encontrará con que un tercio volverá a las arcas de Hacienda. Los requisitos impuestos y las dificultades en la tramitación, transferida a las comunidades, han rebajado el nivel de ejecución de esos fondos, que apenas ha alcanzado el 65% en algunos territorios. En otros no ha llegado ni al 50% de las cantidades asignadas en el reparto.
Estas ayudas fueron concebidas solo para empresas, con un máximo de 200.000 euros, y autónomos, hasta 3.000, de sectores como el turismo, la hostelería o el comercio que no hubieran tenido pérdidas en 2019 y cuya facturación hubiera caído un 30% como consecuencia directa de la pandemia. No se podían destinar los fondos al pago de deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, una de las principales quejas de los autónomos. Su finalidad era, principalmente, proveedores, suministros, alquileres o préstamos. Después las autonomías ampliaron los sectores, desapareció el criterio de no haber tenido pérdidas en 2019 y se permitió imputar gastos fijos. Aún así, las ayudas no han tenido el impacto buscado.
Además de los estrictos requisitos y la burocracia administrativa de la tramitación, uno de los principales problemas que han presentado estas ayudas por su diseño es que fueron diseñadas únicamente para las empresas que no estaban al corriente del pago de sus deudas, con lo que quedaron excluidas todas aquellas que hicieron un esfuerzo durante los peores meses de la pandemia para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Las ayudas sólo podrían destinarse al pago de deudas y costes fijos pendientes de pago que se hubieran devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
